Ciudad de México.- Hace tres años, Marco Antonio Castillo se encadenó a un
árbol ubicado frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para reclamar
la intervención de este organismo ante las presuntas irregularidades cometidas
por las autoridades de Yucatán al investigar la muerte de su hijo, José Felipe,
ocurrida en julio de 2011.
En aquella ocasión, la CNDH decidió ejercer su facultad de
atracción sobre este caso, logrando así que el padre del menor retirara su
protesta de la fachada de sus oficinas centrales, y luego de dos años de
indagatorias, el ombudsman nacional determinó en 2013 que, efectivamente, la
Fiscalía General de Yucatán había incurrido en faltas graves al investigar la
muerte de este menor.
Entre otras anomalías, la CNDH concluyó en 2013 que el
gobierno de Yucatán había presentado un reporte forense alterado, para
sustentar la hipótesis de que el joven se había quitado la vida por voluntad
propia, descartando de antemano la posibilidad de que fuese víctima de un
homicidio.
Las irregularidades de esta autopsia son varias: se asegura
que el estudio forense fue realizado a una persona con un nombre distinto al
del adolescente fallecido; además, no incluye golpes y lesiones que el peritaje
fotográfico sí registra en el cuerpo del menor; y, finalmente, la misma
Fiscalía de Yucatán reconoció que el médico que supuestamente realizó el
estudio nunca ha trabajado para la institución.
Además, la CNDH confirmó que los agentes encargados de esta
investigación robaron y desaparecieron distintas evidencias del expediente,
tales como el peritaje fotográfico que se hizo a las heridas presentes en el
cuerpo del menor –lesiones defensivas en manos, y una lesión de 20 centímetros
en la base del cráneo–. Además, los agentes yucatecos robaron la ropa que
portaba la víctima, antes de que se hicieran pruebas a esta evidencia; y se
robaron también el celular del menor.
Por estas anomalías, la CNDH concluyó en septiembre de 2013
que las autoridades de Yucatán violaron los derechos de la familia Castillo a
la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la verdad, así como a
la debida procuración y acceso a la justicia, y ordenó al gobernador de esa
entidad, Rolando Zapata, corregir todas las anomalías presentes en esta
investigación, y le otorgaba un plazo de 15 días para entregar pruebas de
cumplimiento.
Dos años después de que fuera emitida esta reconvención al
gobierno de Yucatán, nada fue cumplido. Por eso, el señor Marco Antonio
Castillo este martes, 25 de agosto de 2015, se presentó nuevamente ante la
CNDH, y se encadenó del cuello a esta institución, en demanda de que eleve al
Senado este caso de incumplimiento, para que sea el Poder Legislativo el que
llame a cuentas al gobernador yucateco, tal como dicta la norma en estos casos.
“No me moveré de aquí hasta que haya una solución”, advirtió
el padre del menor, con un candado cerrando un extremo de la cadena alrededor
de su cuello, mientras el otro extremo se mantenía fijado, con un segundo
candado, a las rejas de la institución.
Fuente: Animal Político
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