Chihuahua, Chih.- La Oficina de las
Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México con motivo del Día
Internacional de las Victimas de Desapariciones forzadas hizo un llamamiento al
Estado Mexicano para que tome en cuenta las opiniones de los familiares y
organizaciones civiles en la creación de la nueva Ley General de Desapariciones
Forzadas.
El organismo internacional señaló que la creación de la Ley
General de Desapariciones Forzadas tiene que ser resultado de un proceso de
inclusión, participación y consulta de las víctimas, sus familiares y
organizaciones de la sociedad civil que les acompañan. La participación de todos
los involucrados en el tema es indispensable, ya que aporta sabiduría y dota de
legitimidad al concepto de ley que se pretende manejar con la finalidad de
erradicar este fenómeno que ha dejado en el desconsuelo y desamparo a más de 25
mil familias a lo largo y ancho de la república mexicana.
Cabe señalar que en el mes de abril, la Cámara de Diputados
aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a
expedir leyes generales sobre desaparición forzada, contribuyendo con ello a expedir
la Ley General de Desapariciones Forzadas en un período de 18 meses.
En este sentido, la ONU reconoció el esfuerzo de autoridades
y organizaciones para legislar en esta materia y reiteró su “plena disposición”
en brindar asistencia técnica para materializar dicha enmienda. La cual debería
adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones
de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias de
conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado
mexicano. Es importante destacar que el Día internacional de Desapariciones
Forzadas fue decretado por la Asamblea General de la ONU en diciembre del 2010
y se conmemora a nivel mundial el 30 de agosto de cada año.
Dentro del contexto nacional, es importante recalcar que la
figura presidencial de Enrique Peña Nieto, se encuentra fuertemente señalada y
ha sido objeto de fuertes críticas en los reportes de los relatores de Naciones
Unidas sobre desapariciones forzadas y tortura.
A casi un año del crimen de estado perpetrado en contra de
43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, la imagen de México
y del presidente EPN se ha visto seriamente afectada, esto al darse a conocer
la corrupción que impera no solamente en este estado sino en varios como lo es
Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua, el Distrito Federal entre
otros, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG), midió las experiencias de la población al enfrentar una
situación de corrupción.
La permisividad y la falta de investigaciones por parte del
gobierno de EPN ha derivado que durante su gobierno se han localizado 30 mil
619 personas de casos de desaparición registrados de 2011 a la fecha, de las
cuales mil 524 habrían sido halladas sin vida.
Datos proporcionados por el Centro de Análisis Fundar, de
los más de 22 mil casos de desaparición que se tienen documentados, alrededor
de 12 mil 500 corresponden a la administración de Felipe Calderón y 9 mil 700 a
la de Peña Nieto.
Lo anterior quiere decir, enfatizó, que en sólo dos años de
la actual administración ya se tiene registro de 78 por ciento de los casos de
desaparición forzada que se registraron en los seis años de gobierno de
Calderón.
Dentro de este aumento de la desaparición forzada, los
defensores de derechos humanos son uno de los sectores más vulnerabilizados,
pues en los primeros 18 meses del mandato de Peña Nieto aumentó 60 por ciento
este delito contra dicho sector. Prueba de ello fue el crimen perpetrado en contra
del fotoperiodista y la activista, Rubén Espinoza Becerril y Nadia Vera
ocurrido el pasado 31 de julio en un departamento en la colonia Narvarte en el
Distrito Federal.
Espinoza Becerril, antes de su asesinato recibió distintas
amenazas en Veracruz por lo que se vio orillado a auto-exiliarse en la Ciudad
de México, lugar donde era considerado como un “oasis” en el cual tanto
periodistas y defensores de derechos humanos podían refugiarse.
No obstante, la seguridad se rompió y la Ciudad de México
dejó de ser ese “lugar seguro” para comunicadores y defensores que huyen de la
violencia y persecución del estado, ahora la realidad es otra y se encuentra a
la par con estados como Veracruz en el cual hacer periodismos crítico, resulta
ser un auto suicidio, y más cuando se trata de enfrentar a un gobernante
corrupto como lo es Javier Duarte, quien es señalado a nivel nacional como
responsable no solo de la muerte de Nadia Vera y de Rubén Espinoza Becerril,
sino de 13 periodistas más.
En total, en México se tienen registrados 88 periodistas
asesinados y lamentablemente la cifra puede ir en aumento al igual que el
número de desaparecidos en México.
Sandra Dueñes, Parral Minuto a Minuto.
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