Washington, EEUU – La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Gilmer Genaro García Ramírez, un líder
de la comunidad afrodescendiente y representante legal del Consejo del Alto
Mira y Frontera. La Comisión expresó su preocupación sobre este incidente y
urgió a las autoridades colombianas a actuar de manera urgente para identificar,
procesar y castigar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo, la
Comisión reiteró su llamado a las autoridades colombianas para actuar de manera
urgente para identificar las razones de este asesinato, así como de otros
asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos, y adoptar las
medidas necesarias para proteger su vida e integridad física, así como para
garantizar la seguridad que necesitan para poder trabajar.
De acuerdo a la información recibida por la CIDH, el 3 de
Agosto de 2015, Gilmer Genaro García Ramírez resultó muerto por arma de fuego,
presuntamente por un grupo de personas armadas que lo detuvieron cuando él
viajaba en un automóvil por un camino rural de la Municipalidad de Tumaco,
Departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, en la costa del
Pacífico. Gilmer Genaro García era el líder del Consejo Comunitario del Alto
Mira y Frontera, el cual desde 2012 busca obtener títulos colectivos de sus
tierras y hacer realidad los derechos territoriales de la comunidad a través
del proceso de restitución de tierras. También era un miembro de la Red de
Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS). Con respecto a los grupos
armados que operan en esa región, Gilmer Genaro García Ramírez sostenía que la
posición de los afro-colombianos es autónoma y neutral.
Según se informó, Gilmer Genaro García Ramírez había
recibido reiteradas amenazas en los últimos cinco años para que desistiera de
su participación activa y su rol como líder comunitario afrodescendiente. De acuerdo
a información de público conocimiento, él era beneficiario de medidas de
protección del Gobierno de Colombia. La Comisión observa con profunda
preocupación que ha recibido informes indicando que otros tres miembros del
Consejo Comunitario han sido asesinados desde 1998, y que la hermana de Gilmer
Genaro García Ramírez fue asesinada en 2012 por parte de personas armadas que
preguntaron por él. En este sentido, la Comisión también nota que la Corte
Constitucional de Colombia había ordenado la protección de esta comunidad a
través de los Autos 005 de 2009 y 73 de 2014.
A través del comunicado de prensa No. 70/15, emitido el 12
de junio de 2015, la Comisión condenó el asesinato de por lo menos 24
defensores de derechos humanos en Colombia a lo largo de 2015. A la luz de la
continuidad de los ataques contra varios defensores de derechos humanos
afrocolombianos que trabajan en la región del Pacífico Colombiano, la Comisión
expresa su alarma sobre los actos violencia contra líderes afrodescendientes,
particularmente en su búsqueda de defender los derechos a sus tierras
ancestrales y comunitarias. La CIDH urge al Estado colombiano a investigar si
estos hechos constituirían un patrón de violencia contra líderes
afrodescendientes.
“Las personas afrodescendientes en Colombia continúan siendo
víctimas de desplazamiento forzado interno en forma desproporcionada, como
resultado del conflicto armado en sus territorios ancestrales y de sus
actividades y proyectos de desarrollo relativos a industrias extractivas”, dijo
la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre
los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación
Racial. “Sin embargo, las personas afrocolombianas han sido excluidas históricamente
de las decisiones y los procesos sobre cómo reparar y remediar las violaciones
a los derechos humanos que emergen del desplazamiento y del conflicto. Al
tiempo que apoyo el actual proceso de paz para poner fin al conflicto armado,
creo que es esencial que los puntos de vista y las necesidades de las personas
afrocolombianas sean tenidos en cuenta en las negociaciones que tienen lugar en
La Habana”.
Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de
violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos
humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que
atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la
indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión
recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la
construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel
protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el
fortalecimiento de la democracia.
Fuente: CIDH
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