21 de agosto de 2015. Washington, D.C. – La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de 18 personas
en Brasil en 11 sitios ubicados en el estado de São Paulo. La Comisión urgió al
Estado a continuar con las investigaciones emprendidas, esclarecer lo ocurrido
e identificar, procesar y sancionar a los responsables, así como adoptar
medidas para que estos hechos no se repitan.
De acuerdo a la información recibida, el 13 de agosto de 2015,
18 personas resultaron muertas y 6 heridas en ataques perpetrados por personas
armadas en 11 sitios del estado de São Paulo, en un espacio temporal de tres
horas. Según algunos testimonios y lo que se recoge en videos grabados por
cámaras de seguridad, los desconocidos portando armas se habrían trasladado en
vehículos de uno a otro lugar, y habrían preguntado sobre antecedentes
criminales, disparando contra las personas que indicaron que los tenían. Según
lo informado por las autoridades, un mismo vehículo habría sido visto en varios
de los lugares donde ocurrieron los crímenes. Una de las líneas de
investigación es sobre la posible responsabilidad de miembros de la policía
militar, en lo que habría sido una presunta represalia por el asesinato de un policía
militar días antes.
Estos hechos tienen lugar en un contexto de inseguridad
ciudadana. Según datos oficiales, 56 personas fueron muertas en masacres en São
Paulo en lo que va de 2015. Los datos entregados por la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de São Paulo al Instituto Sou da Paz por medio de una
solicitud de acceso a la información indica que esto representa un aumento
respecto del año anterior, cuando se registraron 49 muertes en masacres en todo
el año. Según un reportaje realizado por SPTV en base a cifras oficiales
conseguidas a través de la Ley de Acceso a la Información, en 2014, uno de cada
cinco homicidios ocurridos en São Paulo fue perpetrado por la policía. De
acuerdo a la información periodística y de las organizaciones de la sociedad
civil, las víctimas de este tipo de muertes suelen ser hombres
afrodescendientes de entre 15 y 30 años en situación de pobreza y residentes de
barrios de la periferia urbana de São Paulo. Menos de 8% de los casos de
muertes ocurridas en situaciones que la policía califica como “enfrentamientos”
llegan a juicio en São Paulo. Organizaciones tal como Amnistía Internacional
han expresado su preocupación por las muertes de personas a manos de policías
en São Paulo.
La CIDH tomó nota de las declaraciones del gobernador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, quien calificó los hechos como “gravísimos” y dijo que
se intentarán aclarar los hechos “lo más rápido posible”. Asimismo, toma nota
de las expresiones públicas del secretario de seguridad pública de São Paulo,
Alexandre de Moraes, quien señaló que fue “la peor matanza de este año” en
dicho estado, y anunció que las autoridades actuarán “rápidamente para
capturarlos a todos” quienes resulten responsables de los hechos.
La CIDH urgió al Estado a continuar las investigaciones
iniciadas de manera pronta, objetiva e imparcial, y a seguir todas las líneas
lógicas de investigación, incluyendo la hipótesis de que los posibles autores
hubieran podido ser oficiales de fuerzas de seguridad del Estado. La
investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos
de violencia, identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e
intelectuales y satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares.
El Estado debe además adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y
administrativas que sean necesarias para asegurar que hechos como estos no se
repitan. La CIDH valoró positivamente las declaraciones de las autoridades en
el sentido de realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer lo
ocurrido y hacer justicia.
La Comisión Interamericana reiteró que los Estados tienen la
obligación ineludible de adoptar, en congruencia con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, todas aquellas medidas
necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas
bajo su jurisdicción. La existencia de altas tasas de violencia y criminalidad
menoscaba el Estado de Derecho y contribuye a erosionar los avances
democráticos de las últimas décadas en la región, por lo cual la implementación
de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana es
fundamental para la vigencia del sistema democrático.
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| Fotografía tomada de Internet |
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