lunes, 31 de agosto de 2015

PGR entrega a la CNDH avances del caso Iguala



México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) entregó el pasado viernes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los posicionamientos específicos sobre las 26 observaciones y propuestas formuladas en el informe “Estado de la investigación del caso Iguala”, presentado por el orgasmo en julio pasado.

En el documento, la PGR dio a conocer los avances en las investigaciones sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.

“La PGR presentó este documento con el propósito de hacer una aportación a la labor de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, indicó la dependencia en un breve comunicado.

“Además reitera su compromiso con las tareas de búsqueda, el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, actuando, como lo indica su mandato, con estricto apego a la ley, probidad, eficiencia y transparencia”, señala el comunicado.

En su informe “Estado de la investigación del caso Iguala”, la CNDH emitió diversas observaciones y propuestas sobre la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Al presentar el documento, la CNDH evidenció fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, además de omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales.

“Ante la barbarie ocurrida en Iguala, no es momento de callar ni olvidar”, dijo el ombudsman nacional, Luis Raúl González, en julio pasado, quien durante una rueda de prensa llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad, pues advirtió que sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México.

González Pérez dijo que la CNDH considera de “extrema gravedad” los hechos ocurridos hace exactamente 300 días en Iguala, pues afirmó que por su deshumanizada naturaleza; por la forma como se ha hecho evidente el rompimiento del Estado de Derecho; por la violencia contra los valores fundamentales de las víctimas, y por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana. “no es momento ni de callar ni de olvidar”.

Entre las recomendaciones que hizo la CNDH a la PGR destaca el integrar las fichas de identificación y establecimiento de perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda de los estudiantes desaparecidos disminuye su posibilidad de éxito sin estas fichas.

Además se le recomendó a la PGR que continúe con las acciones de búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, y buscar especialmente en la Sierra de Guerrero, en Apango, y no descartar ninguna línea de investigación.

También, obtener los datos de los celulares de dos estudiantes desaparecidos, incluidos los mensajes que fueron enviados durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014; así como de otros dos celulares desde los que “supuestamente” se mandaron mensajes e hicieron llamadas el 26 de septiembre pasado.

Asimismo, se le rcomendó investigar “por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala. ¿Quién los llevó y por qué precisamente a los alumnos de primer grado?”. Se debe investigar la injerencia o no de autoridades escolares.

La PGR debe tomar declaración a los buzos de la Marina que recuperaron restos del río San Juan para atender las inquietudes del equipo forense argentino que apoyó a las víctimas.

Investigar las condiciones climatológicas “para establecer si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres en el basurero de Cocula”.

Comparar científicamente la tierra de los restos recuperados del río San Juan con la tierra del basurero de Cocula para esclarecer temores sobre ocultamiento de evidencias.

Practicar comparaciones científicas similares con otros materiales hallados, tanto en los restos recuperados del río como en los materiales recuperados del basureros, como llantas, botellas, hebillas.

Analizar las balas recuperadas en Cocula, para determinar el tipo de armas usadas, así como si existen “indicios biológicos secrecionales y de pelo” en ocho camisas recuperadas de un autobús abandonado en la comunidad de Mezcala.

Además: analizar la sangre hallada en una playera más, recuperada del autobús abandonado en Mezcala el 26 de septiembre de 2014.

Comparar restos de sangre hallados en el lugar del ataque a estudiantes, patrullas, autobuses y otros sitios, para saber a qué estudiantes pertenecía esa sangre.

Realizar periciales antropológicas y odontología a los 60 mil pedazos de hueso quemado recuperados del basureros de Cocula y el río San Juan.

Resolver “lo que en derecho proceda” sobre la muerte de Alexander Mora Venancio, el único normalista identificado por los expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria.

Establecer la identidad de los habitantes de la calle Juan Álvarez y Periférico, en Iguala, donde ocurrió el ataque a los normalistas, para obtener sus testimonios de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre.

Recabar y ampliar las declaraciones de los policías estatales, ministeriales, estatales y federales, “y de elementos militares” destacamentados en Iguala y Cocula. La CNDH pide a la PGR que siente los militares rindan su declaración; al menos 10 deben hacerlo.

En el comunicado de la PGR no se precisó cual de las recomendaciones de la CNDH cumplió y en qué forma lo hizo.

Fuente: La Jornada

Manifestación de familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa

“La desapariciones forzadas en México tema pendiente de legislar”

Chihuahua, Chih.- La Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México con motivo del Día Internacional de las Victimas de Desapariciones forzadas hizo un llamamiento al Estado Mexicano para que tome en cuenta las opiniones de los familiares y organizaciones civiles en la creación de la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas.

El organismo internacional señaló que la creación de la Ley General de Desapariciones Forzadas tiene que ser resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta de las víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil que les acompañan. La participación de todos los involucrados en el tema es indispensable, ya que aporta sabiduría y dota de legitimidad al concepto de ley que se pretende manejar con la finalidad de erradicar este fenómeno que ha dejado en el desconsuelo y desamparo a más de 25 mil familias a lo largo y ancho de la república mexicana.

Cabe señalar que en el mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada, contribuyendo con ello a expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un período de 18 meses.

En este sentido, la ONU reconoció el esfuerzo de autoridades y organizaciones para legislar en esta materia y reiteró su “plena disposición” en brindar asistencia técnica para materializar dicha enmienda. La cual debería adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano. Es importante destacar que el Día internacional de Desapariciones Forzadas fue decretado por la Asamblea General de la ONU en diciembre del 2010 y se conmemora a nivel mundial el 30 de agosto de cada año.

Dentro del contexto nacional, es importante recalcar que la figura presidencial de Enrique Peña Nieto, se encuentra fuertemente señalada y ha sido objeto de fuertes críticas en los reportes de los relatores de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y tortura.

A casi un año del crimen de estado perpetrado en contra de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, la imagen de México y del presidente EPN se ha visto seriamente afectada, esto al darse a conocer la corrupción que impera no solamente en este estado sino en varios como lo es Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua, el Distrito Federal entre otros, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción.

La permisividad y la falta de investigaciones por parte del gobierno de EPN ha derivado que durante su gobierno se han localizado 30 mil 619 personas de casos de desaparición registrados de 2011 a la fecha, de las cuales mil 524 habrían sido halladas sin vida.

Datos proporcionados por el Centro de Análisis Fundar, de los más de 22 mil casos de desaparición que se tienen documentados, alrededor de 12 mil 500 corresponden a la administración de Felipe Calderón y 9 mil 700 a la de Peña Nieto.

Lo anterior quiere decir, enfatizó, que en sólo dos años de la actual administración ya se tiene registro de 78 por ciento de los casos de desaparición forzada que se registraron en los seis años de gobierno de Calderón.

Dentro de este aumento de la desaparición forzada, los defensores de derechos humanos son uno de los sectores más vulnerabilizados, pues en los primeros 18 meses del mandato de Peña Nieto aumentó 60 por ciento este delito contra dicho sector. Prueba de ello fue el crimen perpetrado en contra del fotoperiodista y la activista, Rubén Espinoza Becerril y Nadia Vera ocurrido el pasado 31 de julio en un departamento en la colonia Narvarte en el Distrito Federal.

Espinoza Becerril, antes de su asesinato recibió distintas amenazas en Veracruz por lo que se vio orillado a auto-exiliarse en la Ciudad de México, lugar donde era considerado como un “oasis” en el cual tanto periodistas y defensores de derechos humanos podían refugiarse.

No obstante, la seguridad se rompió y la Ciudad de México dejó de ser ese “lugar seguro” para comunicadores y defensores que huyen de la violencia y persecución del estado, ahora la realidad es otra y se encuentra a la par con estados como Veracruz en el cual hacer periodismos crítico, resulta ser un auto suicidio, y más cuando se trata de enfrentar a un gobernante corrupto como lo es Javier Duarte, quien es señalado a nivel nacional como responsable no solo de la muerte de Nadia Vera y de Rubén Espinoza Becerril, sino de 13 periodistas más.

En total, en México se tienen registrados 88 periodistas asesinados y lamentablemente la cifra puede ir en aumento al igual que el número de desaparecidos en México.

Sandra Dueñes, Parral Minuto a Minuto.