La condena pública de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) por el caso de tortura a una civil en el que participaban dos miliares
difundido la pasada semana ha de ser “el primer paso de un cambio de política”,
consideró la ONG Amnistía Internacional (AI).
Este sábado el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos,
ofreció una “sentida disculpa” por la tortura de una civil en febrero de 2015
en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, que se conoció a través
de un vídeo en el que participan dos militares, que ya han sido procesados por el
caso, y una policía federal.
Según AI, esta disculpa “constituye un primer paso, que debe
impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para
sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas
por las Fuerzas Armadas en México”.
Asimismo, la organización condenó que la “construcción del
discurso del Gobierno mexicano se articulara nuevamente en torno a la
calificación de los hechos como hechos aislados cometidos por personas que
actuaban por su cuenta”.
Dijo que es “necesario” que el Ejecutivo y las autoridades
militares “reconozcan la magnitud y gravedad de la violaciones de derechos
humanos” perpetradas por “personal militar en el desempeño de sus operaciones”.
“Es notable que esta sea la primera vez que la Secretaría de
la Defensa Nacional pide disculpas públicas por un caso de tortura”, afirmó el
director ejecutivo de Amnistía en México, Perseo Quiroz.
Según la ONG, esta condena pública ha de ir acompañada de un
“ejercicio de rendición de cuentas” que “garantice por parte de autoridades
civiles investigaciones serias” sobre las acciones y estrategias de las Fuerzas
Armadas.
Este lunes y en el marco del Programa Nacional de
Capacitación Policial en Derechos Humanos, el titular de la Policía Federal,
Enrique Galindo, anunció la suspensión de tres agentes que también participaron
en el suceso.
A su vez, el comisionado nacional de Seguridad, Renato
Sales, formuló “una pública disculpa” y calificó los hechos de “lamentables” y
“dolorosos”.
Reconoció que “ofenden” a la ciudadanía y “deshonran” las
instituciones de seguridad, por lo que “no quedarán impunes”.
En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, destacó: “Ha habido avances, pero
debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste
en distintos ámbitos de la cadena de seguridad pública”, afirmó.
La pasada semana se difundió en redes sociales este caso de
tortura hacia una joven, hoy presa, a quien encañonaban con un arma y
asfixiaban con una bolsa en la cabeza.
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