La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica informó que
medirá la transparencia de las páginas web de 105 instituciones públicas.
San José, Costa Rica.- La Defensoría de los Habitantes,
Gobierno Digital y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), presentaron en días pasados el
detalle de la metodología de aplicación del Índice de Transparencia en el
Sector Público Costarricense, con base en la información disponible en los
sitios web de 105 instituciones públicas.
La construcción de este Índice es una iniciativa que impulsa
la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica para determinar la accesibilidad
a la información y las herramientas de rendición de cuentas como mecanismo para
promover el control y la participación ciudadana en los asuntos públicos, y que
sirva como herramienta de incidencia política en la toma de decisiones.
La metodología incluye, entre otras cosas, la evaluación de
la disponibilidad de la información de carácter público (institucional y del
personal, procesos de contratación, etc.); la información vinculada con la
rendición de cuentas (finanzas públicas, planes y cumplimiento, etc.); los
espacios para la participación ciudadana (invitación a la participación,
mecanismos de participación, etc); y la disponibilidad de información en
formato de datos abiertos (por ejemplo: presupuesto público, ejecución de
presupuesto, contratación administrativa).
La Defensoría informó que la medición del índice de
transparencia, a través de los sitios web, se da porque estos se han convertido
en la herramienta de difusión de información más accesible para la mayoría de
la población. Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones de este
país, para el año 2014, la penetración de internet móvil fue del 90 % y cubre a
4,3 millones de habitantes.
Para las instituciones involucradas en esta iniciativa, el
principal objetivo es promover el mejoramiento continuo de la Administración
Pública en el ámbito de la transparencia y acceso a la información. Así como
permitir a las y los habitantes ejercer el derecho de acceso a la información
pública. Cada año se irán sumando instituciones a evaluar.
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