miércoles, 18 de noviembre de 2015

Atacar la impunidad ayuda a defensores de derechos humanos: ONU


En México son las familias quienes están impulsando la defensa de los derechos humanos, por lo que es importante reconocer esta labor y garantizar su seguridad atacando la impunidad, consideraron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al participar en la presentación de un libro que recoge la experiencia de Lucha Castro en la defensa de derechos humanos en Chihuahua, Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, destacó la valentía de las defensoras.

En tanto, Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, reconoció que a tres años de creado el mecanismo de protección para periodistas y defensores ha tenido modificaciones que le permiten atender más casos.

Sin embargo, al igual que Güezmes, advirtió que la impunidad es el principal problema del país.
“Hay que atacar las causas. La protección es temporal. El hecho de que las agresiones permanezcan en la impunidad es el mayor aliciente para que se repitan”, comentó.

Recordó que el Alto Comisionado señaló que en el País el 98 por ciento de los crímenes permanecen sin esclarecerse.

Para Peña el libro presentado, que es una historia gráfica titulada “La Lucha, la historia de Lucha Castro y los derechos humanos en México”, muestra las dificultades a las que se enfrentan los defensores en todo el País.

Lucha Castro denunció que en Chihuahua el mecanismo de defensa no ha funcionado, pues las decisiones se toman en la Ciudad de México, lejos del contexto que ellas enfrentan.

“A nosotros lo que más nos ha apoyado es la mirada internacional, como las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.

“Le falta mucho al mecanismo, en ocasiones sólo tiene respuesta de infraestructura, como cámaras y botón de pánico, pero pues en la sierra el botón de pánico ya no funciona”.

Comentó que de 2010 a la fecha han asesinado a 19 defensores en el estado, sólo de los reconocidos, no de aquellos que hacen la misma labor de forma independiente.

(Con información de Reforma).


La muerte persigue a activistas en Chihuahua



MÉXICO.- La defensa de los derechos humanos en Chihuahua, México, se cobró la vida de 19 personas. Uno a una los ha contado desde 2010 Lucha Castro, fundadora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, porque eran sus compañeros y amigos.

Marisela Escobedo, madre asesinada frente al palacio de Gobierno de Oaxaca cuando exigía justicia por el feminicidio de su hija; Ismael Osorio y Manuela Solís, por defender el medio ambiente o Bety Cariño por defender las comunidades indígenas y otros más que se quedan en su mente.

La activista hace el recuento en la presentación del libro “La Lucha”, de los estadounidenses Jon Sack y Adam Shapiro, inspirado en su trabajo, que empezó como organización a favor de las mujeres y se convirtió en un referente contra la impunidad y contra sí misma. “He colocado en riesgo a mi familia”, cuenta.

Un día su hijo universitario se regresó de la puerta después de recibir la bendición acostumbrada de la madre y habló con ella: “ Estoy seguro que a ti los militares no te harán nada, pero por joderte pueden torturarme o matarme”, dijo. “Sin caer en la paranoia, hay que hacer un plan hasta que yo me encuentre a salvo en la frontera”.

Alberto Almeido, de la organización El Barzón en Villa Ahumada, Chihuahua, traga saliva mientras escucha a Castro. Lo cierto es que él mismo es un activista. Él mismo está en riesgo y las matanzas siguen a la orden del día contra los defensores de Derechos Humanos. No son cosa del pasado.

En febrero pasado, Gabino Gómez, quien durante meses se opuso a la perforación clandestina de pozos de agua por parte de diversas empresas en Villa Ahumada fue asesinado por un gatillero en Ciudad Juárez frente a su esposa e hijos. “Donde vivimos es una zona controlada por La Línea, antiguo brazo armado del Cártel de Juárez, narcotraficantes de segunda que tras la captura de sus jefes se adueñaron de la zona para paso de droga, extorsión y para alquilarse como sicarios”.

En octubre de 2014, otros pistoleros mataron a Ismael Solorio y Manuela Solís cuando encabezaban un abierto rechazo al establecimiento de una minera en el ejido de Benito Juárez. “Nosotros sabemos que fueron contratados por Cascabel, una subsidiaria de la minera, pero la autoridad no hace nada, no los persigue, los deja libres”.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, Jesús Peña, presente durante la presentación del libro, hizo un llamado a “atacar las causas” que provocan la muerte de los defensores de derechos humanos: “La mejor medida de protección es una investigación, juicio y sentencia adecuada”.



martes, 17 de noviembre de 2015

CIDH lamenta violencia en centros de detención para adolescentes en Brasil

17 de noviembre de 2015

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por hechos de violencia ocurridos en los centros de detención para adolescentes San Miguel y San Francisco, en Fortaleza, Brasil. En estos hechos, un adolescente murió y otros seis resultaron heridos, reportan distintos medios de comunicación.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 6 de noviembre de 2015 se habrían iniciado disturbios en dos centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley: el Centro de Detención San Miguel y el Centro de Detención San Francisco, ubicados de forma contigua en Fortaleza, en el estado de Ceará, Brasil. La prensa informó que  los adolescentes de ambos centros, habrían prendido fuego a colchones y a aparatos eléctricos y destruido parte de las instalaciones. La policía militar habría ingresado a fin de controlar esta situación. Derivado del operativo, seis adolescentes habrían resultado heridos, y Márcio Ferreira do Nascimento, de 17 años de edad, habría perdido la vida. Las autoridades nacionales no habrían identificado aún la procedencia del disparo de arma de fuego que habría ocasionado la muerte del adolescente.

La Comisión Interamericana expresó su preocupación por esta defunción, pues se ocasionó en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros de detención para adolescentes en conflicto con la ley en el estado de Ceará. En particular, la CIDH ha recibido información consistente sobre las deficiencias de los centros de detención de Ceará, que promueven las condiciones para que hechos de esta naturaleza ocurran con cierta periodicidad. Solo en el último mes habrían ocurrido 15 motines en centros de privación de libertad de adolescentes en el Estado de Ceará. Al respecto, según información recibida, estos centros se caracterizarían por el elevado hacinamiento, las precarias condiciones de las infraestructuras, violencia por parte del personal penitenciario, deficiente alimentación, motines, y fugas; además de que los adolescentes pasarían la mayor parte del día en sus celdas, y no existirían actividades sociales y educativas dirigidas a su reinserción a la sociedad.

Con posterioridad a los hechos de violencia en los dos centros, los 340 adolescentes internados en estos centros habrían sido ubicados en diferentes dependencias. Según información difundida por medios de comunicación, 151 adolescentes habrían sido trasladados a un presido militar, 101 conducidos a las instalaciones de un colegio que había cerrado en 2013, otros 27 fueron llevados al Centro Educativo Dom Bosco, y 61 habrían sido mantenidos en las instalaciones del centro San Miguel que no fueron afectadas por el motín. De acuerdo con manifestaciones de las autoridades responsables por estos adolescentes, el presidio militar será transformado en un centro de custodia provisional. La Defensoría Pública del Estado de Ceará expresó su preocupación ante estos traslados y solicitó un habeas corpus colectivo por las condiciones de internamiento en las que se encontrarían los adolescentes en el presidio militar, solicitando su traslado a otro lugar. De acuerdo a la Defensoría Pública, estas instalaciones militares no están adaptadas para alojar adolescentes, quienes no tienen a la atención necesaria, tal como acceso a programas socio-educativos y de reinserción.

La CIDH reiteró que el Estado, como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tiene el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, particularmente aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles. En este sentido, la CIDH reiteró que con base en el artículo 19 de la Convención Americana, respecto a adolescentes privados de libertad, los Estados deben asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y deben tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. Asimismo, de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, los adolescentes privados de libertad no deben estar sujetos a situaciones de violencia o que atenten contra su integridad personal, dignidad y desarrollo. Los centros que alberguen a adolescentes en conflicto con la ley penal deben estar adaptados para recibir a adolescentes y estar en condiciones de prestarles programas socio-educativos a través de personal especializado.  

Por otra parte, la CIDH recordó que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables.  Asimismo, hizo un llamado al Estado de Brasil a evaluar los distintos aspectos de las condiciones de reclusión de estos establecimientos y a adoptar las medidas correctivas que sean necesarias de acuerdo con las condiciones mínimas que fija el derecho internacional de los derechos humanos en materia de privación de libertad de adolescentes, en particular lo relativo a las actividades indispensables para su desarrollo y para su reintegración social.


La ONU pide no identificar a los migrantes con terroristas



El alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, condenó los ataques terroristas de las últimas semanas, pero subrayó que no hay que identificar a los migrantes con los terroristas.

"Somos testigos de dramáticos ataques terroristas en diversas partes del mundo que representan una amenaza y traen sufrimientos a personas inocentes y deben ser condenados", dijo Guterres durante una visita a un centro de refugiados en Presevo, en el sur de Serbia, informa la agencia Tanjung.

El responsable de Acnur recalcó que "reviste gran importancia decir también que el movimiento de los migrantes no ha creado el terrorismo. Es el terrorismo, la tiranía y la guerra, lo que han creado a los migrantes".

Destacó que por Presevo, en la frontera con Macedonia, diariamente pasan entre cinco mil y siete mil refugiados, incluidas muchas mujeres y niños que huyen de la violencia y que no sería justo culparlos de esos acontecimientos.

Guterres, que estuvo acompañado del primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, agradeció a Serbia la solidaridad que ha mostrado ante la gran afluencia de refugiados y que este país balcánico "puede servir de ejemplo también a algunos países de la UE".

Consideró que precisamente el grupo terrorista Estado Islámico (EI) quiere que Europa cierre sus fronteras.

"Nada ayudaría mejor a la propaganda del EI que el odio hacia los musulmanes que llegan de los países de Medio Oriente afectados por la guerra", opinó, al tiempo que subrayó que sólo una Europa unida podrá enfrentar estos problemas.

Antonio Guterres, Alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR.