Ciudad de
México. Por
unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
invalidó las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz al
considerar que los congresos locales no tienen facultades para aprobar esas
normas, hasta en tanto no entrara en vigor las leyes generales del Sistema
Nacional Anticorrupción.
Las
normas declaradas inconstitucionales fueron consideradas desde un principio por
los partidos de oposición y por diversas organizaciones como ilegítimas ya que
buscaban “blindar” a los gobernadores de Chihuahua, Veracruz (Javier Duarte) y
Quintana Roo (Roberto Borge) para evitar que dichos mandatarios fueran
denunciados al término de sus mandatos por actos de corrupción.
Sin embargo, los
ministros no emitieron expresamente un pronunciamiento sobre los “efectos” de
sus sentencias respecto a los nombramientos y fiscalías formadas a partir de
las leyes que fueron impugnadas, vía acción de inconstitucionalidad por la
Procuraduría General de la República (PGR).
Los
togados consideraron que por el tipo de asunto, sólo estaban en condiciones de
declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y no podían
invalidar expresamente el nombramiento del fiscal anticorrupción de Chihuahua,
ni las fiscalías creadas ex profeso en ambas entidades-, aunque dieron por
sentado que al invalidarse las normas, en consecuencia, todos los actos
derivados de éstas quedan también derogados.
Los
diez ministros presentes, no asistió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aprobaron en
una sola sesión dos de las tres demandas que presentó la PGR en contra de los
sistemas anticorrupción impugnados –la que fue presentada contra las
autoridades de Quintana Roo será resuelta en los próximos días y, seguramente
en los mismos términos- las cuales fueron revisadas de forma “prioritaria” a
petición expresa del Senado de la República.
El
documento, elaborado por el ministro José Ramón Cossío, declaraba la
inconstitucionalidad de diversas reformas a la Constitución de Chihuahua y de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General, publicadas en el Decreto 1364/2016-II
el 11 de junio pasado, por considerar que violan los artículos transitorios de
la reforma constitucional de mayo de 2015, por haber emitido normas locales y
aprobado un sistema local anticorrupción antes de que el Congreso de la Unión
aprobara las leyes federales en la materia.
Enseguida,
el pleno discutió y resolvió la acción de inconstitucionalidad contra las
autoridades veracruzanas, en la que la PGR demandó la invalidez de reformas a
la Constitución política y de las Leyes de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas, Orgánica de la Fiscalía General y Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, impulsadas por el gobernador Javier Duarte y avaladas por
el Congreso de la entidad.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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