Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”,
donde aborda la situación de vulneración de derechos de los habitantes
que resulta de los altos índices de violencia, la inseguridad ciudadana y
las altas tasas de impunidad existentes. El informe ofrece asimismo
recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento
de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos.
El informe señala que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014. Estos niveles de violencia son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.
El Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro, expresó a través de un comunicado que a la CIDH le preocupa que los índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas para resolver las desigualdades y la exclusión social de grandes sectores de la población. Añadiendo que los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos, enfrentan persistentemente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia.
El informe enfatiza que la situación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son algunos de los grupos poblacionales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la discriminación y exclusión económica y social persistente, lo cual a su vez se traduce en violaciones a sus derechos humanos.
Adicionalmente, el informe advierte que persisten importantes desafíos en relación con la independencia de jueces y fiscales, en particular los que derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina. En este sentido, el Comisionado José de Jesús Orozco señaló que “las y los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos derivado de la necesidad de garantizarles un actuar independiente. De dichas garantías resulta que las y los operadores de justicia no deben estar sujetos a remoción como resultado de las decisiones que, conforme a derecho, adoptan en sus labores”.
La Comisión espera con el informe coadyuvar en los esfuerzos del Estado hondureño en romper el ciclo de impunidad imperante y en fortalecer sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
El informe señala que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014. Estos niveles de violencia son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.
El Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro, expresó a través de un comunicado que a la CIDH le preocupa que los índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas para resolver las desigualdades y la exclusión social de grandes sectores de la población. Añadiendo que los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos, enfrentan persistentemente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia.
El informe enfatiza que la situación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son algunos de los grupos poblacionales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la discriminación y exclusión económica y social persistente, lo cual a su vez se traduce en violaciones a sus derechos humanos.
Adicionalmente, el informe advierte que persisten importantes desafíos en relación con la independencia de jueces y fiscales, en particular los que derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina. En este sentido, el Comisionado José de Jesús Orozco señaló que “las y los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos derivado de la necesidad de garantizarles un actuar independiente. De dichas garantías resulta que las y los operadores de justicia no deben estar sujetos a remoción como resultado de las decisiones que, conforme a derecho, adoptan en sus labores”.
La Comisión espera con el informe coadyuvar en los esfuerzos del Estado hondureño en romper el ciclo de impunidad imperante y en fortalecer sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
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