CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
emitió medidas cautelares en favor de al menos 80 familias indígenas de
Chenlahó, víctimas de desplazamiento forzado tras los conflictos políticos
municipales de la semana pasada, que dejaron una niña y un hombre de 54 años
fallecidos.
A cinco días de los hechos violentos ocurridos en el
mencionado municipio chiapaneco, por el cambio de autoridades municipales, la
CNDH requirió al secretario general de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez
Aranda, para que en un plazo máximo de 24 horas tome las medidas necesarias
para “garantizar un mínimo de satisfactores de alimentación, salud, vivienda, integridad
física y vida a las personas desplazadas por los recientes acontecimientos
violentos”.
En un comunicado, el organismo presidido por Luis Raúl
González Pérez resaltó que de acuerdo con información periodística las 80
familias se desplazaron “con la finalidad de proteger su integridad física e,
incluso, su vida, por la situación de violencia que todavía impera allí,
requiriendo el apoyo inmediato de las autoridades de la entidad”.
Al cumplirse los requisitos de riesgo, urgencia e
irreparabilidad del daño, la CNDH pidió al secretario de Gobierno de Manuel
Velasco que, de forma inmediata y en coordinación con las autoridades estatales
y municipales, se levante un “censo de las víctimas de Desplazamiento Forzado
Interno (DFI) por los hechos de violencia generados en los últimos días en el
municipio de Chenhalhó, Chiapas, y se les garantice la satisfacción de sus
necesidades básica de alimentación, salud y vivienda”.
El organismo instruyó además que, ante los hechos de
violencia generados y su estado de vulnerabilidad, se garantice “su derecho a
la integridad física e, incluso su vida”. Demandó también que “se establezcan
las acciones necesarias para que, en tanto subsista el desplazamiento, se
prevean los lugares de alojamiento temporal de la familias desplazadas y, en su
caso, el acceso de las mismas a los servicios de salud, educación, jurídicos y
laborales”.
La CNDH solicitó que “se lleven a cabo las acciones
necesarias dentro del marco jurídico, que permitan dar solución a los hechos de
violencia generados en los últimos días en el municipio de Chenalhó, Chiapas,
privilegiando el diálogo entre las partes para evitar hechos de violencia con
independencia de donde puedan provenir, con la finalidad de que en el menor
tiempo posible las víctimas del DFI, puedan tener retorno seguro y duradero a
sus comunidades de origen”.
El organismo puntualizó que dichas medidas deberán
implementarse “durante el tiempo que se requiera, evitando así la consumación
irreparable de hechos violatorios a los derechos humanos que causen daños de
difícil reparación”.
La CNDH reiteró que el gobierno de Chiapas tiene un plazo
máximo de 24 horas para acatar las medidas cautelares, una vez notificada la
entidad, en tanto que dichas medidas serán periódicamente monitoreadas para verificar
su cumplimiento.
Los desplazamientos se derivaron de las confrontaciones en
la comunidad de Puebla, municipio de Chenalhó, entre simpatizantes de la
exalcaldesa municipal Rosa Pérez y los del nuevo alcalde Miguel Santiz Álvarez,
registradas la semana pasada.
Las familias que migraron de manera forzada se refugiaron en
el auditorio de la cabecera municipal este fin de semana, luego de que, por las
trifulcas, murió una niña de 12 años y un hombre de 54.
Fuente: Proceso
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| Habitantes de Chenalhó piden la libertad de los presos políticos. Foto: Isaín Mandujano |
