Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe sobre la desaparición de personas en México donde expresa que el Estado en el cual expone cómo se reflejan en Chihuahua y el resto del
país, las deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada
de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Según datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de más de 27.000
personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada.
El equipo investigador de Amnistía Internacional descubrió casos de incompetencia en la investigación de desapariciones
ocurridas en el estado de Chihuahua, y al menos un caso de
encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado. Desde 2007,
casi 1.700 personas han desaparecido en todo Chihuahua.
En la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas
fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones
telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos,
usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los
datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas
en la zona donde la persona desapareció.
En el informe titulado “Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente
a la desaparición de personas en México, la organización de derechos humanos señala que la incompetencia en el sistema y una ausencia total de
voluntad por parte de las autoridades de México
para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas
debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan
habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana.
En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones,
casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo
algo”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora
del Programa de Amnistía Internacional para América.
La organización señala dos aspectos que impiden el esclarecimiento de los casos: Incompetencia y falta de recursos
Incompetencia
El equipo investigador de Amnistía Internacional expone que en muchos casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue
vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército.
Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo
que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las
manos ante la comisión de desapariciones forzadas.
La búsqueda de la persona cuya
desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a
ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a
cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan
resultados.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria
e imparcial es un hecho bien documentado. Se empeñó en seguir una sola
línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos
por la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus
cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que
los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por
un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en
las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se
sustentaba con pruebas.
La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha
esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del
delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con
fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero
no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares,
y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
Falta de recursos
Los graves defectos de las investigaciones también están causados
por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de
hacerlas. Las autoridades están sobrepasadas, con un volumen de casos
inmanejable y excesiva rotación del personal.
“Las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública
destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran más
desapariciones. Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar
eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables
ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas", , ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
Fuente: Amnistía Internacional México.
